Un caso práctico: la ejecución del proyecto de ampliación del puerto de El Musel (Gijón/Xixón)

Para aterrizar desde la ardua teoría en la más amigable práctica, propongo un caso práctico de la máxima actualidad –con independencia de la tergiversación mediática con la que se presenta para proteger los intereses económico–políticos afectados, del más alto nivel-: las irregularidades cometidas en la ejecución del proyecto de ampliación del puerto de El Musel.

Un buen ejemplo con incidencias nada desdeñables sobre la confluencia de intereses público–privados, el control de la Administración por grandes grupos económicos, el desmantelamiento y la ineficacia de los controles públicos sobre la ejecución de los contratos o la instrumentalización de los aparatos represivos del Estado –Fiscalía, policía etc.- por el poder político–económico.

1. El meollo del asunto

En diciembre del año 2010 la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) abrió una investigación en relación con varias irregularidades producidas en la ejecución del proyecto de ampliación del Puerto de El Musel, cofinanciado por el Fondo de Cohesión de la Unión Europea.

Las irregularidades se refieren al proyecto presentado en el año 2004 por la Autoridad Portuaria de Gijón (beneficiaria de la subvención comunitaria) para su cofinanciación por el Fondo de Cohesión en un 55%

El informe final de la OLAF sobre la investigación llevada a cabo, fechado en febrero de 2014, formula las siguientes conclusiones:

a) Durante la investigación, la empresa adjudicataria encargada de la realización de las obras (UTE Dique Torres, integrada por algunos de los principales grupos constructores del Estado) denegó a la OLAF el acceso a sus registros contables relativos al proyecto financiado, impidiendo que la contabilidad relativa al coste del proyecto pudiera ser analizada.

b) Se constatan una serie de irregularidades o fraudes cometidos, bien directamente por el beneficiario de la ayuda (Autoridad Portuaria de Gijón), bien por el adjudicatario de las obras (UTE Dique Torres) en connivencia con el beneficiario, a saber:

1. Incumplimiento de normas de contratación pública y de cláusulas establecidas en los pliegos administrativos y de prescripciones técnicas
2. El precio de los materiales suministrados por las canteras de “Tudela Veguín” – grupo Masaveu – no se corresponde con el originalmente aprobado en el proyecto inicial, pues, de hecho, no existió ninguna contraprestación económica directa por la extracción de los materiales originarios de estas canteras.
3. El proyecto inicial fue modificado sin aprobación de la autoridad comunitaria competente, incrementándose en 250 millones de euros, basados principalmente en el incremento del precio de los materiales, cuando el licitador (UTE Dique Torres) había firmado un contrato con Tudela Veguín para la extracción de materiales sin ninguna contraprestación económica directa, de alrededor de 24 millones de toneladas de materiales, lo que supone aproximadamente el 75 % de todos los materiales empleados.

Es decir, se infló artificialmente el presupuesto del contrato en 250 millones de euros, que supuestamente respondía aun coste de materiales que le salía gratis a la UTE Dique - Torres

2. Propuestas de actuación de la OLAF

A la vista de las conclusiones expuestas, la OLAF propone las siguientes actuaciones:

a) Revocar los importes declarados subvencionables, que ascienden a 530.981.745,44 euros, y proceder a la recuperación de la cantidad total ya pagada por el Fondo de Cohesión a la Autoridad Portuaria de Gijón, que asciende a 198.000.000 de euros.

b) Sin perjuicio de ello, la OLAF advierte que de las investigaciones practicadas hay indicios de la comisión de delitos

3. Qué se ha hecho desde entonces

Según la información que publica en el día de hoy, 28 de octubre, el diario La Nueva España, la Comunidad Europea acaba de amonestar al Gobierno español por su pasividad en el tema, pasividad que podría dar lugar a la prescripción de los delitos que se habrían cometido en esta macrooperación, al no haber presentado una querella criminal ante el órgano judicial competente.

4.¿ Qué está pasando aquí?

Los ciudadanos y ciudadanas de Asturies aun tenemos fresco en la memoria el asunto de los “monolitos”, por el que se condenó por un delito de prevaricación al diputado de IU Ángel González. Los hechos, sucintamente, consistían en la utilización fraudulenta del procedimiento de contratación menor – no requiere legalmente la pluralidad de ofertas -para la adjudicación de un contrato de suministro de monolitos conmemorativos de las fosas comunes de asesinados por la represión franquista, que por su importe (superior a 50.000 euros), exigía la utilización de procedimiento negociado sin publicidad.

Nada tenemos que objetar sobre el delito concreto. Lo que nos llama poderosamente la atención es la diligencia del aparato de control y represivo del Estado – Sindicatura de Cuentas, Tribunal de Cuentas, Fiscalía, Tribunal Superior de Justicia de Asturias – en este caso, objetivamente menor, y la pasividad, ineficacia y olvido con el que se tratan los asuntos de gran magnitud – por su cuantía económica y por los actores en juego -, como el comentado de la ampliación de El Musel y otros que se podría traer a colación: operación Calatrava, fondos mineros etc.

No hace falta ser excesivamente susceptible, ni defender vehementemente la existencia de un sistema judicial clasista y con distintas velocidades según la entidad de los afectados, para llegar a la conclusión de que aquí se está tapando algo gordo.

5. ¿Qué se puede hacer?

El asunto de la ampliación de El Musel presenta todas las características de la corrupción a gran escala, que es siempre una corrupción con la participación necesaria, por acción u omisión, del aparato público – en alguna de sus modalidades – a favor de grandes grupos económicos.

Hay que tomar ejemplo de la actuación de Podemos en Cataluña con el “asunto Pujol”: querella criminal ante la Audiencia Nacional.

Conocer los hechos, escandalizarse, criticar en el chigre, en los foros virtuales y mirar para otro lado, ya no vale. Eso parece propio de la casta.

El informe de la OLAF está disponible aquí