6.8.17

APLP apoya a las trabajadoras del SAD de Xixón

Desde el Circulo de Asturias por lo Público queremos mostrar todo nuestro apoyo al colectivo de trabajadoras de la ayuda a domicilio (SAD) del ayuntamiento de Xixón.  Estas trabajadoras reclaman que se haga efectivo el acuerdo plenario aprobado por mayoría en octubre de 2016, en el que se recogía textualmente en su punto uno que se inicie el proceso de remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio, para que este sea de gestión pública una vez finalice el contrato con las empresas actualmente vigente.

Tras meses de estudio, el gobierno municipal dice ahora que no es posible la remunicipalizacion porque el servicio encarecería y por tanto seria incompatible con el cumplimiento de la Ley de Estabilidad  Presupuestaria y que no mejoraría la eficiencia de su gestión.

Desconocemos las razones de estas afirmaciones, pero sabemos que la remunicipalización  de estos servicios  en otros ayuntamientos ha supuesto  un ahorro considerable  a las arcas municipales, además  de una mejora  en las condiciones tantos de las trabajadoras y trabajadores como del propio servicio.

Por ello y por el firme compromiso que el gobierno asumió votando a favor, no de un estudio, sino de poner en marcha la remunicipalización, exigimos a Foro Asturias que cumpla con las decisiones adoptadas por la mayoría del pleno y que busque las formulas administrativas y legales para  llevar  a efecto la remunicipalizacion. Si esta ha podido llevarse a cabo en otro ayuntamientos con beneficio para los mismos, no entendemos que no sea así en Xixón.

Mostramos pues, todo nuestro apoyo a las trabajadoras y trabajadores del SAD y apoyaremos todas las manifestaciones y movilizaciones que convoquen en su lucha  porque se cumpla lo acordado y le recordamos al gobierno que su incumplimiento debería tener consecuencias políticas.



Asturias por lo Público apoya la carta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que se opongan a la ratificación del CETA

  

Carta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
El próximo 29 de junio está prevista la ratificación del CETA por parte del Congreso; un Tratado de Libre Comercio entre la UE y Canadá que numerosos colectivos sociales y ciudadanos de todo tipo, sindicales, ecologistas, políticos o agrarios, consideramos una clara amenaza para la propia democracia, los derechos sociales básicos y el medioambiente. Así más de 1500 ayuntamientos, más de 200 en España, han aprobado mociones críticas con los TLC y sus consecuencias, reclamando un debate social realmente democrático, pues somos conscientes de que la mayoría de la ciudadanía europea y española no tiene información sobre lo que se decide en su nombre, primero en el Parlamento Europeo y ahora en nuestro Estado.
Organizaciones y personas representativas de muy diversos ámbitos emplazamos a los diputados y diputadas a un voto negativo al CETA, o cuando menos a que no nieguen la posibilidad, al igual que ocurre en otros países de la UE, de que sea el conjunto de la ciudadanía, a partir del indispensable debate democrático, quienes nos pronunciemos en un referéndum.
Emplazamos especialmente al nuevo PSOE, que dice defender una agenda internacional para gobernar la globalización, incorporando los sueños de la socialdemocracia de defensa del trabajo decente, el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades o la justicia social. Un partido que se proclama progresista debería posicionarse del lado de la ciudadanía a la que dice escuchar, no puede permitir que el CETA sea ratificado en España de esta manera, y nos resulta evidente que no basta una abstención. Emplazamos también a los partidos nacionalistas que basan buena parte de su discurso en reivindicar la capacidad de decisión de la ciudadanía, algo que debería incluir inexcusablemente la ratificación de este u otros tratados que tanto afectan al autogobierno en los diferentes territorios.
Por eso les pedimos que digan no al CETA en la votación del pleno del Congreso, o al menos no impidan la participación de la ciudadanía y el ejercicio real de la democracia.
Nosotros y nostras firmantes desde Asturies participamos de la campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA y suscribimos la carta general de la misma, a la que esta complementa.
Nombre y apellidos: Cargo: Organización:
Mandar a Asturies non TLC: asturiesnonceta29j@gmail.com

Carta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
Estimadas señoras y estimados señores del:
  • -  Grupo Parlamentario Socialista
  • -  Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
  • -  Grupo Parlamentario Mixto

    El próximo 29 de junio está prevista la votación sobre la ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA) por parte del Congreso de los Diputados.
    Las y los representantes de la sociedad civil organizada y del ámbito cultural, académico, artístico y periodístico abajo firmantes, demandamos a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, y en especial al Grupo Parlamentario Socialista, al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y al PDeCAT que defiendan el interés general y los derechos de la cuidadanía votando en contra de la ratificación del CETA.
    Durante el largo proceso de las negociaciones y la revisión legal, repetidamente hemos señalado que encontrábamos grandes amenazas en el texto del CETA para la democracia , los derechos laborales y sociales y el Estado de Derecho .
    Nuestras objeciones son compartidas por un número creciente de personas en ambos lados del Atlántico.
    • ●  3,5 millones de persones de toda Europa, un verdadero récord, firmaron una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP.
    • ●  Más de 2.300 gobiernos regionales y locales se declararon territorios libres del CETA y del TTIP .
    • ●  Hubo cuestionamientos constitucionales en Alemania, Francia y Canadá, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudiará pronto y dirimirá la legalidad de los controvertidos privilegios de los inversores extranjeros en el CETA, a petición de Eslovaquia y Bélgica.
    • ●  En el Estado español hay 8 parlamentos autonómicos y casi 200 municipios que han aprobado resoluciones en contra del TTIP y el CETA, incluyendo ciudades tan relevantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Valladolid. En casi todos los casos con el apoyo de los votos de cargos públicos del PSOE.
    • ●  Cuatro gobiernos y parlamentos regionales belgas votaron repetidamente en contra del CETA por sus impactos negativos y, en particular, por los privilegios para los inversores y el peligroso tribunal de arbitraje “Sistema de Tribunal de Inversiones” (ICS, Investment Court System ). O sea, un tribunal para dirimir los litigios inversor-Estado. Dichos gobiernos y parlamentos, y muy concretamente el de Valonia, casi llegaron a impedir que su gobierno federal firmase el acuerdo, y mantienen su posición de no ratificar el CETA.
Tanto en Canadá como en la UE, organizaciones agrarias, sindicatos, la sanidad y educación pública, operadores de gestión pública del agua, los organismos en defensa de los consumidores, los grupos ecologistas y defensores de los derechos digitales, ONGs de la Cooperación al Desarrollo y de los Derechos Humanos, así como asociaciones de pequeñas y medianas empresas (PYME) rechazaron este tratado.
A pesar de las múltiples controversias, el gobierno español ha acelerado la ratificación del CETA sin apenas permitir el control parlamentario , sin consultar a los parlamentos autonómicos o los municipios, sin que exista un estudio de impacto ni análisis del contenido del tratado a ratificar, sin pedir un informe preceptivo al Consejo General del Poder Judicial y sin dejar tiempo para cualquier consulta pública sobre el texto final. El Congreso de los Diputados acortó sus procesos de consultas internas, y limitó gravemente el debate sobre la ratificación del texto de 1.600 páginas.
Para lograr apoyos para la ratificación del CETA y disipar preocupaciones, numerosas declaraciones de los Estados miembros de la UE se anexaron al texto en los pasados meses. Sin embargo, no se cambió ni una coma del texto oficial del CETA desde su versión final publicada a comienzos de 2016. Y las declaraciones anexas, incluyendo un “Instrumento interpretativo adjunto” no solucionan, tal como los expertos han demostrado, ninguno de los problemas que surgen del conflictivo texto.
Queremos resaltar algunas de nuestras preocupaciones fundamentales sobre el tratado tal como fue firmado.
El CETA autorizaría a miles de empresas extranjeras a demandar a los países donde tienen pensado invertir o han invertido por medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta. Nada en el tratado o en las declaraciones anexas podría impedir a las transnacionales utilizar los derechos de los inversores que otorga el CETA para intimidar a los gobernantes, con el fin de que dejen de regular en interés público. Por ejemplo, para abordar el cambio climático. El CETA, incluso deja la puerta abierta para indemnizar a los inversores foráneos por beneficios no realizados ( lucro cesante ) si un cambio normativo afectará negativamente a sus inversiones. Lejos de haber reformado “radicalmente” el ISDS ( Investor-State Dispute Settlement ), el mecanismo de resolución de conflictos inversor-Estado, el CETA lo expande y lo arraiga.
El ICS del CETA garantiza a los inversores unos derechos sustantivos, pero no sus correspondientes obligaciones. No permite a los ciudadanos, a las comunidades o a los sindicatos presentar una demanda cuando una empresa viola normas ambientales, laborales, sanitarias, de seguridad y otras. Esto puede ser incompatible con el derecho comunitario, ya que establece un sistema legal paralelo que autoriza a los inversores a eludir los tribunales existentes. El ICS es discriminatorio porque garantiza derechos a los inversores extranjeros que no son permitidos ni a la ciudadanía ni a los inversores nacionales.
En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las
disposiciones del CETA en cuanto a derechos laborales y desarrollo
sostenible no pueden ser ejecutables mediante sanciones. Quedan como
declaraciones huecas que no tienen en cuenta los peligros que otros capítulos del tratado significan para los derechos de los trabajadores, la protección del medioambiente y las medidas para mitigar el cambio climático.

El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fallidas, a causa de las cláusulas standstill y ratchet . El CETA es el primer tratado de la Unión Europea que hace de la liberalización de los servicios la regla, y de una regulación de interés público la excepción a través de la lista negativa de compromisos.
Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo, tanto en la Unión Europea como en Canadá; que el crecimiento económico será más lento con el tratado, y que la pequeña ganancia en ingresos iría principalmente a los dueños del capital y no a los trabajadores. Como resultado, se espera que estando en vigor el CETA, la desigualdad sea mayor.
El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros. También se restringirán severamente las reformas que tienen por objeto eliminar las causas claves de la inestabilidad financiera, y que aseguren una mejor protección de los consumidores y la economía en su conjunto.
El CETA pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a medicamentos necesarios para su salud. En Canadá, el CETA aumentaría el precio de las recetas de medicamentos para las administraciones provinciales, al menos, 858 millones de dólares canadienses por año. Algunos derechos de propiedad intelectual en el CETA se parecen mucho al texto del ACTA ( Anti-Counterfeiting Trade Agreement ), un tratado que fue rechazado en 2012 por el Parlamento Europeo.
Las normas del CETA en cuanto a la cooperación reguladora y las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a los gobiernos para ejercer su labor legislativa, y reforzarán el papel de los lobbistas empresariales en los procesos de elaboración de las políticas públicas. Con el establecimiento de un Comité Mixto se podrá adoptar decisiones vinculantes sin participación democrática.
En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones competitivas que minarían su modo de vida a cambio de un pequeño beneficio para los consumidores, aumentaría el control sobre las semillas, obstruiría las políticas de compra de alimentos locales y amenazaría los estándares de la producción y procesamiento de alimentos, destruyendo todo esfuerzo para impulsar la agricultura sostenible.
Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, la salud pública y el medio ambiente pueden ser cuestionadas por el CETA, con la excusa de que son medidas gravosas, que no tienen base científica y que pueden ser barreras disimuladas al comercio. Nada en el texto del CETA o en las declaraciones anexas protege efectivamente el papel del principio de precaución europeo.
El CETA es el resultado de un proceso de negociación secreto entre el
anterior gobierno canadiense y la anterior Comisión Europea. El parlamento español no puede proponer enmienda alguna. Sólo es posible el “tómalo o déjalo”, el voto afirmativo o negativo de las 1.600 páginas del tratado.

Demandamos:
A los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, en especial al grupo Socialista, al PNV y al PDeCAT que defiendan el interés general y los derechos de la cuidadanía votando en contra de su ratificación.
la necesidad de un periodo de información y debate público en el que, tanto los sectores sociales y económicos como las administraciones públicas afectadas por este tratado, puedan participar y conocer todas las implicaciones e impactos que conllevaría su entrada en vigor.
trabajar de manera conjunta con expertos/as, asociaciones de jueces, sindicatos, organizaciones ambientalistas y sociales y las administraciones públicas hacia la democratización de los procesos de toma de decisión, tanto para el CETA como para futuros acuerdos de comercio y de inversión de la UE, así como en un modelo alternativo de comercio.
El CETA impacta sobre el Estado de Derecho porque “elimina buena parte de las competencias y la jurisdicción de los tribunales españoles”, usurpando las funciones judiciales estatales, como señala María Concepción Sáez Rodríguez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Necesitamos un cambio de paradigma que conduzca a una política comercial democrática, justa y sostenible, basada en la Convención Internacional de los Derechos Humanos, así como en las necesidades de la mayoría de la población y de nuestro planeta. La ratificación del CETA nos alejaría de ese cambio imprescindible.
Atentamente, [firmas]
Enlace para firmar : https://goo.gl/forms/Mmr4kUvsWONB1JeV2 

22.6.17

Acta de la Asamblea del 15 de junio de 2017




Reunidos el Círculo de Asturias por lo Público en asamblea el día 15 de junio 2017 a las 18:30h en la Casona de la Montaña del Parque de Invierno de Oviedo, se abordan los siguientes temas del orden del día:


1. Evaluación de las acciones del primer semestre del Círculo APLP.
Se consideró que las mesas redondas sobre renta básica y sobre transparencia & participación y servicios sociales, han sido satisfactorias y han cubierto las necesidades derivadas de los temas de trabajo. Creemos ahora pertinente dar prioridad a otros temas en el siguiente semestre.
En cuanto a la colaboración con el GP en los presupuestos del PA para 2017, ha sido muy satisfactoria.
Se propuso remarcar el trabajo de nuestro compañero Carlos Carrero, quien fue parte fundamental para llevar a cabo la mesa de transparencia y participación, la encuesta asociada y las enmiendas propuestas a la ley autonómica. Carlos contó con la colaboración de otros compañeros y compañeras del círculo APLP que contribuyeron al impecable trabajo final que se aportó al GP de Podemos y del que esperamos se saque provecho en el debate parlamentario de la Ley en trámite.

2. Censo de militantes en Podemos y emisión de avales por el Círculo.
Este punto se incluyó como respuesta a la llamada a nivel nacional. Se acordó conceder avales a aquellos miembros del círculo que han colaborado en los distintos grupos de trabajo o activamente en sus asambleas. Se acordó también enviar un mensaje a los miembros del círculo por redes (correo, whatsapp, telegram) para que aquell@s interesad@s sepan que pueden solicitar el aval. Se discutieron dos opciones de mensaje: uno simplemente informando de la posibilidad y otro animando a la gente a que se censen como militantes.

3. Confluencias.
Ante la firme creencia, desde el inicio de nuestro círculo, de que estamos aquí para construir poder popular y apostando por un PODEMOS que representa algo más que un partido tradicional, hubo unanimidad en contribuir a la unidad de las bases tanto con Unidos Podemos como con las distintas plataformas reivindicativas y movimientos sociales, en definitiva con aquellos colectivos que tomaron la calle para reclamar unas condiciones de vida dignas. Nos consideramos dispuestos para trabajar desde la base con quien sea preciso por el objetivo de contribuir a un nuevo modelo de país, que genere una vida mejor y más digna para tod@s. 

4. Propuesta de realización de una auditoría de los presupuestos del Ayuntamiento de Oviedo.
Como círculo apoyamos dicha realización en colaboración con nuestro concejal de economía de la CUP de Somos Oviedo Rubén Rosón al que se trasladará en breve nuestra propuesta de colaboración. En principio hay 4 personas que han ofrecido hacer este trabajo, aunque continuaremos buscando más apoyos para hacer un trabajo más extenso y detallado.

5. Ruegos y preguntas.
Se ve necesaria la colaboración en la difusión de contenido por redes sociales. En esta línea una compañera más se suma a esta labor de difusión para hacerse cargo en principio de correo y del blog en cuanto reciba las necesarias instrucciones de manejo. Se precisa también colaboración en la tarea de coordinación con los círculos sectoriales a nivel estatal, para lo que se suma otro compañero más del círculo APLP, que se incorpora al grupo de telegram existente y nos mantendrá al corriente de su actividad.

Sin más temas que tratar, se dio por cerrada la asamblea a las 20:30

9.6.17

El próximo jueves 15 de junio, Asamblea abierta a las 18:30 h en "La Casona de la montaña" (en el Parque de invierno), Oviedo. 
En relación al punto 2 podéis encontrar información en este documento.

¡Contamos contigo este jueves!




14.5.17

Por un mejor servicio del registro en los Ayuntamientos


El Círculo de “Asturies polo público” apoya la moción presentada por CCOO en el Ayuntamiento de San Martín para conservar abiertas las oficinas del registro y evitar que la gente deba desplazarse a localidades lejanas para hacer sus gestiones.

Animamos a otros ayuntamientos a que adopten esta postura.

Podéis ver y bajar el escrito presentado en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/0B_tkxMMjr62Nc3JlaUtTNGdtMEU/view?usp=sharing



10.5.17

Mesa de transparencia y Participación: RESUMEN




Atendieron al acto unas 20 personas.
En la presentación del tema se aclaró que la actual Ley en trámite solo abre muchos interrogantes y se animó a nuestr@s representantes en la mesa a explicar qué tipo de preguntas hacen en los gobiernos nacional y autonómico, qué respuestas reciben (cuando las reciben) y para qué vale.
Sofía Castañón (SC), diputada en el congreso estatal, habló de la opacidad en los casos de corrupción en el ámbito político o como desde la oposición se trata en la mayoría de los casos de averiguar qué pasa con nuestros recursos y asignar responsabilidades a los diferentes cargos públicos sin y no se consigue. En general la obtención de respuestas es un proceso frustrante y lento en el mejor de los casos. Si se imprimieran todas las preguntas desde el inicio de la legislatura hasta diciembre se podría rodear el congreso, y las respuestas no han comenzado a recibirse hasta enero.
Aunque las comisiones de los presupuestos generales del estado son públicas, las subcomisiones no lo son. En algunos casos incluso l@s representantes tienen dificultades de acceso al contenido e incluso es un contenido parcial. Se ha solicitado modificar el reglamento para aceptar comparecencias respetando la confidencialidad.
Dani Ripa (DR), diputado del congreso autonómico, comenzó hablando de la relación entre transparencia y corrupción, y cómo de momento los escándalos suelen empezar con temas aparentemente no relacionados pero que suponen el principio de un ovillo que se va desenredando al tirar del hilo. Un ejemplo es la trama del agua. Este descubrimiento no se debió a la existencia de mecanismos institucionales para tratar estos problemas. Describió el contenido de algunas comparecencias de funcionarios en la Junta, que explicaron con detalle los problemas existentes para denunciar abusos y las consecuencias negativas personales y profesionales que esto conlleva. La ley de transparencia actualmente en tramitación se basa en la propuesta de Podemos, pero con unos cambios importantísimos:
1. se elimina el anonimato para utilizar el buzón de denuncias y se piden datos al denunciante,
2. se pasan las competencias de investigar las denuncias desde un organismo independiente (la propuesta original) al jefe de servicio, que sería nombrado por el consejero de presidencia.
Además, hay otros problemas, incluidos la exclusión de información relevante (como con quién tienen contacto los políticos) y la falta de un proceso participativo con contribución de la ciudadanía.
Estos problemas llevan a que la actual ley en trámite no sea más que una utilización de la transparencia con fines propagandísticos y de bloqueo.

Carlos Carrero (CC), documentalista y archivero de la administración pública y miembro del Círculo “Asturies por lo Público”, hizo la presentación de las características de esta proposición de Ley desde la parte técnica. Comenzó enfatizando que aunque la gente tiende a asociar “transparencia” con “corrupción”, la primera debe vincularse a la participación ciudadana A partir de aquí, expuso algunos puntos básicos generales:
    No toda la información de la administración puede, ni debe, ser accesible.
    Normalmente el deseo de información se debe a la necesidad o conveniencia de “hacer algo” y de ahí la relación íntima entre transparencia y participación.
    Los principios vinculados al buen gobierno ya están contemplados en diferentes normas legales. Lo realmente importante en la legislación sobre transparencia es potenciar la gobernanza a través de la participación ciudadana, en la búsqueda de un gobierno abierto.
    La publicidad activa no es lo mismo que el acceso a la información. Enfatiza lo engañoso del carácter de “relevancia” de la información que los sujetos obligados aportan por medio de la publicidad activa.
    Es importante que los formatos sean reutilizables e interoperables, para lo que se precisa la implantación de una administración electrónica real al servicio de las personas.

En el caso particular del proyecto de Ley asturiana resalta, a modo de ejemplo, los siguientes aspectos:
    El acceso a la información no se considera derecho fundamental, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de la legislación a nivel internacional.
    Hay un abuso del término “ciudadano”, mucho más ambiguo y sexista, en detrimento del de “persona”.
    El uso y abuso de formatos propietarios dificulta el acceso y la reutilización de la información.
    El carácter de libre acceso que otorga el proyecto de ley a “todos los expedientes” contraviene lo establecido por otras leyes e ignora que la competencia para dictaminar a ese respecto es de la Comisión de Calificación y Valoración de documentos administrativos del Principado de Asturias.
    La existencia de un portal de transparencia no es sinónimo de mayor transparencia.
    La solicitud de información por “cualquier medio” se reduce, en la práctica, al portal de transparencia, para lo que se precisa de certificado electrónico, y a la solicitud presencial. Solo Canarias y Aragón recogen en su legislación las solicitudes telefónicas de información.
    El procedimiento contemplado para el registro de las solicitudes y de las posteriores resoluciones, así como del proceso de seguimiento de las peticiones, es confuso e inconsistente.

Finalizó describiendo algunos ejemplos de cómo el ejercicio de transparencia en la Administración asturiana se realiza con vistas a recibir “buenas notas” en el INCAU de Transparencia Internacional, ocupándose más de la forma que del fondo.  
Todo ello demuestra la necesidad de una implicación de la sociedad civil para mejorar una mala ley a través de la presentación de enmiendas.

Finalizados los turnos de la parte informativa, se pasó a un interesante debate sobre las incógnitas de una Ley que quedó de manifiesto que presenta serias deficiencias y escasa efectividad de ser aprobada.
CONCLUSIÓN: se demuestra la necesidad de una implicación de la sociedad civil para mejorar una mala ley a través de la presentación de enmiendas.




Se realizaron interesantes preguntas durante el debate que pasamos a detallar:
Pregunta: ¿Nos podéis explicar qué es el silencio administrativo negativo?
CC: El silencio administrativo negativo significa que si la administración no responde en tiempo, la solicitud se considera denegada. Se puede presentar recurso ante el Consejo de transparencia, que también podrá ser denegado por silencio administrativo. Debemos tener como meta el silencio positivo, como lo recogen algunas leyes autonómicas, aunque su puesta en funcionamiento puede ser complejo debido a la necesidad de garantizar el derecho del que gozan terceras personas a que no se conozcan, por ejemplo, sus datos personales sin su consentimiento.

Pregunta: ¿Sirve la ley de transparencia para obtener información sobre  las listas de espera para la obtención de servicios o subvenciones?
CC: Esta información debe ser ya accesible, en calidad de interesado, a través de procedimiento administrativo común y no por la ley de transparencia, tal como recoge la disposición adicional primera de la ley estatal, teniendo la legislación en materia de transparencia carácter supletorio para todo lo que no se contemple en las normativas específicas.

Pregunta: La gente suele introducir transparencia en una especie de gueto, cuando es un tema transversal y que por su carácter de derecho fundamental debería fluir de los procedimientos normales. ¿No deberíamos hablar de derecho a la información en vez de transparencia?
CC: No les interesa a los políticos, quienes suelen hacer corresponder transparencia y publicidad activa. No debe vincularse transparencia a los políticos, sino a las personas.
DR: La ley asturiana se hace con fines propagandísticos y como cajón de sastre. Es una copia de la ley estatal en la que se incluyen los temas, pero se limita el acceso.
SC: De acuerdo, pero a veces merece la pena usar el lenguaje más común simplemente para entenderse.

Pregunta: Se habló de las tres patas del buen gobierno, pero debería haber una cuarta: el control interno, que incluya:
1. Renovación: cambios en la justicia, que no funciona y carece de servicios.
2. Innovación; nuevas instituciones en lugar del gobierno controlando al gobierno.
3. Control interno de partidos políticos.
4. Control a nivel europeo (por ejemplo, política comercial).
DR: Efectivamente, el autocontrol actual del gobierno no funciona. Se necesita un sistema de denuncias anónimas como el que ya funciona en la Guardia Civil.
SC: De acuerdo, es imposible denunciar al denunciado. En cuanto a la situación europea, hubo falta escandalosa de información, hasta el punto que la gente en las diferentes comisiones relevantes solo tenía información parcial y el proceso se parecía un tanto al del libro Fahrenheit 451, y ni aún así.

Pregunta: Y en el mismo tema ¿Qué pasa en los partidos? En el caso de Podemos, no es como era al principio. ¿Cómo se implica la base cuando ahora se hacen las políticas desde las cúpulas?
SC: Necesitamos protocolos y una sistematización con temas y subcomisiones: buenas herramientas para hacer un buen trabajo. Los temas deben pasar por los círculos.  
DR: En estos momentos la cúpula y las bases son sólidas, nos falta el estrato intermedio, y esto no se ha resuelto en Vistalegre. El mayor problema está a nivel estatal. Quizás podrían hacerse reuniones cada 6 meses para discutir y decidir sobre propuestas y problemas.
CC: El control es fundamental, pero es una cuestión más de procedimiento que de la creación de instituciones de control. Debe asegurarse un control interno a través de la creación de una auténtica cultura organizativa en la administración asturiana y una democratización para la gobernanza contando con todas las personas.

Pregunta: Se ruega la presentación de la información en capas, de más simple a más compleja, de modo que se ajuste a los conocimientos y las necesidades de la persona que la solicite.
CC: El carácter “relevante” de la información es subjetivo, mientras que el de “veraz” es objetivo. Las leyes contemplan la posibilidad de adaptar la información, pero para ello es necesaria la administración electrónica.

Pregunta: La falta de contestación (silencio negativo) hace imposible ejercer el derecho a la información, aunque sea reconocido en la ley autonómica, por lo que ésta solo puede considerarse propaganda.
CC: A pesar de los cuatro años de la ley estatal de transparencia, España está en el número 41 de países, por debajo de Botswana o Brunei.
SC: Esto mismo es cierto de otras leyes, que no garantizan derechos fundamentales.
DR: Aunque idealmente habría que empezar de cero, el proceso de la ley autonómica está en fase de enmiendas.
Con esta última intervención se cerró el acto.

Antes del evento y durante el mismo se recogieron los cuestionarios que aportaban los presentes y que les habían sido remitidos por el Círculo APLP en los días previos al acto. A través de sencillas preguntas quedó constancia de qué entienden las y los ciudadanos por participación ciudadana y por una administración verdaderamente transparente y al servicio de la gente.